El Gobierno apeló el fallo que frenó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y pidió que la Justicia Federal revoque la medida cautelar dictada a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
La decisión judicial había suspendido el avance del proceso y ordenado preservar las condiciones de prestación del servicio en 26 municipios bonaerenses.